COMERCIO ILÍCITO

I. EL COMERCIO ILÍCITO

El comercio ilícito, de acuerdo con el CMCT, se define como “toda práctica o conducta prohibida por la ley, relativa a la producción, envío, recepción, posesión, distribución, venta o compra, incluida cualquier práctica o conducta destinada a facilitar esa actividad”.[1] Algunos ejemplos que el CMCT menciona son el contrabando, la falsificación de marcas y la fabricación ilícita de los productos del tabaco,[2] pero, de acuerdo con su definición, existen muchas más conductas que las autoridades pueden considerar como tal.

Dos ejemplos claros de comercio ilícito son la venta de cigarros a menores y la venta por unidad. Estas prácticas se encuentran prohibidas por la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT)[3] y son susceptibles de sanciones administrativas.[4] Pese a su prohibición, no existe un mecanismo eficaz que los prevenga y elimine. Si bien, la identificación, prevención y sanción de estas prácticas corresponde a las administraciones públicas locales, es necesario que la legislación nacional establezcan las reglas generales para su prevención y eliminación. De esta manera, las entidades federativas y las administraciones locales estarán obligadas a cumplir una base mínima para la vigilancia y el cumplimiento de estas actividades.

En la regulación federal se encuentran los actos de comercio ilícito más frecuentes: contrabando y falsificación de marcas. Si bien, estos no se encuentran tipificados en la LGCT, se desprenden de otros instrumentos normativos como lo son el Código Fiscal de la Federación[5] y la Ley de Propiedad Industrial.[6]En este aspecto, la LGCT y el Reglamento para la Ley General del Control del Tabaco (RLGCT) únicamente establecen actos de prevención al mercado ilícito, al obligar a los importadores y exportadores de productos de tabaco a tener licencias para el tránsito internacional de esta mercancía, así como permisos únicos por cada importación o exportación.[7]

Sin embargo, el combate contra el mercado ilegal de productos del tabaco no cuenta con la coordinación adecuada de los distintos actores públicos, es decir, cada ente de gobierno realiza de manera aislada el combate contra el mercado ilícito. En este sentido, nuestra legislación y la administración pública carecen de acuerdos específicos en los que actores trascendentales, como la Procuraduría General de la República, la Cofepris, el Servicio de Administración de Bienes, entre otros; para que establezcan acciones específicas y coordinadas contra este tipo de delitos en materia de tabaco.

II. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DEL COMERCIO ILÍCITO

La vigilancia y control sobre la producción de mercancías de tabaco resulta ser uno de los puntos fundamentales para evitar el mercado ilícito. El CMCT establece, a manera de ejemplo, las acciones que deberán realizar los Estados para vigilar la producción, distribución y venta de productos derivados del tabaco, menciona la creación de un sistema de seguimiento y localización sobre la mercancía, la inserción en las cajetillas de leyendas específicas, así como medidas específicas en los aseguramientos y destrucción de los productos,[8] entre otros.

En los últimos años un comité de países, entre ellos México, ha trabajado en el desarrollo de un protocolo específico para la eliminación del comercio ilícito, el cual desarrollará de manera más detallada medidas específicas para su control adecuado. Sin embargo, esto no impide que las legislaciones nacionales empiecen a realizar medidas efectivas contra el mercado ilícito y el gobierno mexicano podría iniciar desde ya una serie de medidas para la prevención y eliminación del comercio ilegal.

En México existe una seria deficiencia en el diseño institucional para prevenir y eliminar el comercio ilícito. En primer lugar, las autoridades carecen de un sistema de seguimiento y localización de los productos de cigarro, el cual facilitaría la investigación e identificación de los puntos de desvió de los productos de tabaco para su distribución ilegal. Además, proporcionaría datos a las distintas autoridades, con lo cual, se les obligaría a trabajar de manera coordinada y permitía analizar cada incautación para visualizar tendencias. Esta obligación, cabe resaltar, va de la mano de un registro público sobre la producción de productos del tabaco, obligatorio para la industria tabacalera.

En segundo lugar, es la regulación de los punto de venta. Su regulación permitiría tener un control sobre los vendedores al por menor y, con esto, identificar a aquellos que vendan cigarros por unidad o a los menores de edad. Además, permitiría la aplicación de sanciones a aquellos que incurran en las violaciones a la ley mencionadas.

Por último, la adecuada segregación de los aseguramientos que las autoridades realizaran sobre la mercancía ilícita de productos del tabaco permitiría conocer cuáles son las principales causas del mercado ilícito y enfocarse a eliminarlas. Además, implicaría la creación de un registro, con el cual se conocería el destino de la mercancía incautada. Los registros y segregación de los aseguramientos obligaría a la coordinación de las autoridades y a la transparencia sobre el uso de la mercancía que haya sido decomisada.

 


[1] Artículo 1.a del CMCT.

[2] Artículo 15 del CMCT.

[3] Artículo 16, fracción I, en cuanto a la venta por unidad; artículo 17, fracción I, en cuanto a la venta a menores de edad. Ambos de la LGCT.

[4] Artículo 48, fracciones II y III de la LGCT.

[5] Artículos 103 a 106 del Código Fiscal de la Federación.

[6] Artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial.

[7] Artículos 7 a 29 del RLGCT.

[8] Artículo 15, en específico puntos 2.a, 2.b, 4.c, 4.d y 4.e del CMCT.